GUADALUPE LLORI ENFRENTA UNA DENUNCIA POR GESTIONAR AL MENOS 20 CARGOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

La denuncia la presentó su ex coideario Bruno Segovia quien pide la calificación de la denuncia y su procesamiento ante el Comité de Ética

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, enfrenta una tercera denuncia en su contra que busca su destitución como legisladora de la provincia de Orellana. Esta vez, su ex compañero de bancada, Bruno Segovia, la acusa de gestionar al menos 20 nombramientos de cargos públicos.

Hace dos semanas, la bancada Unión por la Esperanza (UNES), presentó dos denuncias en contra de Llori, por supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores y tráfico de influencias. El proceso está en manos de la presidenta de la legislatura para que sea incluido para su calificación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El legislador  Bruno Segovia, este 12 de mayo, oficializó la denuncia en contra de Llori y mostró una lista donde constan 20 nombramientos de personas que van desde la gobernadora de la provincia de Orellana, intendentes de Policía, comisarios, tenientes políticos, directores sociales y distritales que son allegados a la presidenta de la legislatura, son ex trabajadores de la prefectura y ex candidatos de Pachakutik, afirmó.

Segovia señaló que a raíz de la denuncia pública que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 24 de marzo pasado, afirmó que la ley de inversiones fue negada porque “no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto, y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno (…)”, recordó una conversación que tuvo los primeros meses del funcionamiento de la Asamblea en el despacho de la Presidenta, en la cual Guadalupe Llori, “me comentó que tenía una disputa con Magaly Orellana, actual prefecta de Orellana, y afirmó que para vea el poder que tiene, había puesto hasta el último teniente político en la provincia.

Con esos antecedentes, señaló Segovia, procedió a realizar sus averiguaciones para constatar si era verdad lo que Guadalupe Llori, le comentó “llegando a la conclusión que efectivamente había ejercido influencias para poner a varias personas en funciones del Ejecutivo, quienes son militantes del movimiento Pachakutik, y ex funcionarios del gobierno provincial de Orellana, en el periodo en que ella fue prefecta.

La lista de personas que según, el legislador Bruno Segovia, constan como funcionarios públicos de libre remoción en el gobierno actual en la provincia de Orellana y que tienen relación con Guadalupe Llori, es la siguiente:

Marco Vinicio Anchitipán Tipán, ex encargado director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la provincia de Orellana.

Juan Carlos Delgado Mera, comisión de servicios como director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Orellana.

Yoni Esperanza Bustamante Briceño, gobernadora de la provincia de Orellana desde el 2 de junio 2021.

Samantha Nicole Lozada Zambrano, coordinadora encargada zonal 2 del Ministerio del Deporte (Pichincha, Napo y Orellana).

Fredy Fabián Rivero Pisco, Jefe Político del cantón Francisco de Orellana.

Fredy Marcelino Coquinche Alvarado, Teniente Político de la parroquia Yasuní, cantón Aguarico.

María Patricia Jiménez Troya, analista de la comisaría del cantón Orellana.

Vicente Marcelo Gutiérrez Puraquilla, teniente político de la parroquia San José de Payamino, cantón Loreto.

Mercedes Coralia  Remache Sánchez, teniente político de la parroquia 3 de noviembre, cantón Joya de los Sachas.

Blanca Alexandra Herrera Cueva, analista de presupuesto de la gobernación de Orellana.

Vilma Esperanza  Vera Mosquera, asistente de la comisaría del cantón Joya de los Sachas.

Martha Fabiola Ortega Ucles, teniente político de la parroquia Tarakoa, cantón Orellana.

Erika Mariuxi Jipa Dávila, teniente político de la parroquia Ávila Huiruno, cantón Loreto.

Carmen Magaly Curay Muñoz, teniente político de la parroquia Eno Kanqui, cantón Joya de los Sachas.

José Adalberto Chango Chiguano, Intendente general de Policía del cantón Orellana.

Silvia Judith Vidal Ramos, jefe  político del cantón Joya de los Sachas.

Fredy Carlos Grefa Yumbo, teniente político de la parroquia San José de Guayusa, cantón Orellana.

Andy Polivio Vega, comisario nacional de la Policía 2 de Aguarico.

Mayra Germania Tacuri Ordóñez, teniente político de la parroquia San Vicente de Huaticocha cantón Loreto.

Freddy Marcelino Jipa Coquinche, este nombre aparece en el listado, pero no se incluye cargo.

Según el denunciante, la Presidenta de la Asamblea habría incurrido en las prohibiciones prescritas en el artículo 127 numeral 3 de la Constitución y en el numeral 3 del artículo 163 de la ley orgánica de la Función Legislativa; esto es, gestionar nombramientos de cargos públicos.

Como pruebas adjunta fotografías, acciones de personal, certificados de afiliación al movimiento Pachakutik.

El legislador Bruno Segovia en su denuncia pide que la denuncia sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y se remita al Comité de Ética para su respectivo proceso de investigación. (I)

Fuente: El Universo

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